No a la Ley Mordaza

Actualización 31 de Marzo

Publicadas hoy en el BOE las Leyes Mordaza. Entrarán en vigor el 1 de Julio, salvo alguna cosa:

La Disposición Final Primera entra en vigor mañana, 1 de Abril 2015. 

Régimen especial de Ceuta y Melilla. 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»

Movimientos sociales y oposición se reúnen en el Congreso para denunciar las Leyes Mordaza un día después de su aprobación 

DisoPress

Las organizaciones de derechos humanos tildan estas leyes como las “más restrictivas desde el Franquismo”

Un día después de que el Congreso diera luz verde a las conocidas como Leyes Mordaza (Ley de seguridad ciudadana, reforma del código penal y pacto antiterrorista) se ha desarrollado un acto de rechazo organizado por movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, ongs y juristas. Se trató de un encuentro que denunció, en la misma casa donde se aprobaron, que estas normas ponen en jaque los derechos y libertades básicas de los ciudadanos como son el derecho a reunión pacifica, manifestación , expresión e información y que suponen una grave vulneración de los derechos de las personas migrantes y en situación de exclusión social.

Se trató de un acto marcado por un ambiente de compromiso y amenizado con cánticos de la Solfónica del 15 M y expresiones de reivindicación ciudadana.

Desde No Somos Delito, colectivo responsable de la organización del evento, se ha remarcando el compromiso de la sociedad civil organizada contra el ataque frontal, el varapalo a la democracia y el estado policial que generan de las Leyes Mordaza. “Parece que estorbamos al gobierno y no lo vamos a tolerar” ha destacado Carlos Escaño, portavoz del movimiento.

Cristina de la Serna, de Rights International Spain, ha apelado “al círculo vicioso de injusticia y el claro rechazo internacional a estas leyes, que suponen la aplicación arbitraria de la ley y la criminalización de protestas pacíficas legítimas en una sociedad democrática, como algo extremadamente preocupante que provoca una situación de riesgo condenada desde el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya”.

Ignacio González, de Jueces por la Democracia, ha remarcado que su colectivo está en contra de estas nuevas leyes, porque los jueces “no pueden ser neutrales en leyes que vulneren los derechos humanos”. Igualmente, apeló a la falta de alarma social, y cómo el gobierno ha planteado un conflicto social como un conflicto de orden público cuando “la respuesta ciudadana ante su gestión ha sido ejemplar y responsable”.

Alejandro Gámez, de Asociación Libre de Abogados ha destacado como estas leyes forman un todo que muestra “la voluntad del ejecutivo de quebrantar los principios de la justicia y su vocación para desmantelarla, y garantizar la impunidad del estado y sus agentes”. Ha denunciado que con ellas se convierte lo “legitimo en ilegal”. Igualmente ha denunciado la visión economicista de la sociedad y la justicia que tienen “Condenan más llevarse un brickde leche de un centro comercial que defraudar a la hacienda pública”.

Elena Rodríguez, de la Plataforma Tercer Sector, que representa a colectivos que luchan contra la pobreza como Cáritas o Cruz Roja ha puesto el foco en un ámbito ausente del debate de estas leyes, el de las personas más vulnerables a la que criminalizan fuertemente estas leyes.

Isabel Elenuku, de SOS Racismo ha exigido el cese inmediato de las redadas racistas y las devoluciones en caliente, a la vez que apuntado hacia los malos tratos y las ilegalidades de la valla de Ceuta y Melilla que protegen estas leyes.

Desde Legal Sol, su representante ha destacado la solidaridad, el apoyo mutuo y resistencia de las 610 personas detenidas desde 2011 y a las 1179 personas sancionadas por protestar.

Las asociaciones afectadas por estas leyes, que serán efectivas a partir del próximo 1 de julio, también mostraron su rechazo e indignación.

Miguel Ángel Soto de Greenpeace ha explicado como su organización va a ser una de las más afectadas por estas nuevas leyes “El activismo ambiental cuenta con una larga tradición de la desobediencia civil y la responsabilidad que tienen en defender los bienes públicos globales”.

Yolanda Quintana, de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión explicó que la aprobación de estas leyes es el peor recorte de libertades desde el Franquismo. Los representantes de las Marchas de la Dignidad22M denominaron estas leyes como “estrategias del sistema para criminalizar este masivo movimiento social”. Francisco Morote Vidal, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, afirma como estas leyes han sido diseñadas a medida para reprimir muchas de las formas de la protesta social, y en concreto la de la PAH: “Nos sentimos tristemente protagonistas, porque describe las actuaciones que venimos realizando desde hace seis años. No vamos a parar “. Patricia Martín Díaz de Avaaz puso en evidencia el sinsentido de unas leyes que han nacido muertas pues cuentan con el rechazo de un amplio espectro de la oposición.

Así lo explicó Ricardo Sixto, Izquierda Plural “La Ley Mordaza es la más sangrante, a la que nos oponemos todos grupos parlamentarios menos el Partido Popular y nuestros votos estarán encima de la mesa para derogar el texto, ese es nuestro firme compromiso”. EQUO se unió al coro de voces que condenan estas reformas, “Detrás de estas leyes está la estrategia del miedo”, explicó Juantxo López de Uralde su representante.

Podemos también asistió por primera vez al Congreso reclamando dignidad de las protestas y animó a “hacer como que estas leyes no existen” y ha insistido en la oposición internacional no escuchada por el gobierno que le da igual por su mayoría absoluta. BNG también envió un comunicado en el que hablaba de la prepotencia del estado y la indignación que les causa la aprobación de estas leyes.

Uno de los momentos más expectantes del acto ha sido la intervención de Anxo Rama, Secretario Federal del sindicato policial UNIPE, que ha pedido el fin de las coacciones a los policías y ha denunciado la indefensión que esta ley genera tanto para la ciudadanía comopara la policía, por la falta de tutela judicial y la nula formación de la policía para poder aplicarla debidamente. “Queremos expresar además el afán estadístico y recaudatorio que existe en torno a esta ley. No son nuevas las denuncias que hacemos por las presiones que recibimos para aumentar el número de sanciones, y por tanto para engrosar las arcas del Estado”, comentó.

Vídeo del acto

Lista de colectivos adheridos a la Campaña No a la Ley Mordaza. VER

 


Por Carlos Escaño

Veo “con mucha preocupación y por muchas razones” el futuro del derecho penal con la aprobación de la reforma del código penal.  El profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la junta del Grupo de Estudios de Política Criminal Joan Baucells Lladós, entiende que “desde un punto de vista formal, no puede aceptarse que en una materia tan importante y sensible como la penal, se apruebe un texto que no sea fruto del consenso democrático.

La mayoría del partido popular ha impuesto su criterio en un tema, el penal, que necesita de amplios consensos. No puede ser que cada ministro de justicia emprenda una reforma penal y menos imponerla al resto de la sociedad”.  Denuncia que el Gobierno burla continuamente los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes que afectan a derechos y libertades fundamentales.

El derecho a la protesta se defiende protestando

Según el profesor de derecho penal “se ha reformado el código penal sin que fuera necesario desde un punto de vista preventivo, de forma irracional y para perseguir funciones exclusivamente propagandísticas. Un ejemplo paradigmático de todo ello es la reforma en materia de lucha anityihadista.

En un manifiesto Catedráticos penalistas de 35 Universidades Públicas españolas critican el carácter reaccionario y autoritario de la reforma penal. El Grupo de Estudios de Política Criminal manifiesta su preocupación por la reforma penal porque se trata de la más reaccionaria de todo el período democrático. “Y no sólo por la introducción de la cadena perpetua, sino también por la eliminación de las faltas y la conversión de la mayoría de estas infracciones en delitos y por la criminalización que hace del legítimo derecho a la manifestación.”

En esta misma línea Amnistía Internacional muestra su alta preocupación por el nuevo Código Penal, el cual “crea nuevos delitos y aumenta las penas contra las personas que se manifiestan. Por ejemplo, introduce penas más graves para los desórdenes públicos si se producen durante las manifestaciones. Además, puede castigar la resistencia pacífica a la autoridad, como puede ser una sentada, hasta con penas de cárcel, y la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales”. Con respecto al Pacto Antiterrorista realizado entre el PP y el PSOE asevera que “sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista pueden ser sancionadas sin cumplir las normas del derecho internacional”.

¿Cómo afecta a los movimientos sociales la nueva definición de delitos de terrorismo? Joan Baucells Lladós señala que “con esta amplitud podría llegar a considerarse terrorista al sujeto que, hasta actuando de forma individual, cometa alguna amenaza, alguna vejación o algún desorden público siempre que actuara con la finalidad de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o alterar gravemente la paz pública. Sin duda, alguno de los episodios de las nuevas formas de protesta, como el cerco al congreso podrían acabar etiquetándose como actos de terrorismo.”

La Directora Adjunta de Rights International Spain Patricia Goicoechea destacó en el programa de Coordenadas  sobre la reforma del código penal y la introducción de la prisión permanente, un endurecimiento que está siendo muy cuestionado desde todos los ámbitos. Incluso varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida se han dirigido al Estado español para mostrar su rechazo a la reforma del código penal en lo relativo a las libertades de reunión pacífica y de expresión, así como en materia de los delitos antiterroristas. Y resalta que “los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una  opinión son  fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”

Desde la Plataforma No Somos Delito se entiende que lo que está en juego es la propia esencia de la convivencia en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, o dicho de otro modo, que la aprobación el 26 de marzo de las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, las conocidas Leyes Mordaza, podremos considerarlo como el funeral de la Democracia en este país.

No todo está perdido. Si hacemos nuestra aquella frase que dice “la soberanía nacional reside en el pueblo” del artículo primero de la Constitución Española, si asumimos que la defensa de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” como un deber de cada uno/a de nosotros/as, tendremos la oportunidad de acabar con estas reformas reaccionarias. Y de paso, también debería ser el final de la carrera política de los ministros de interior y justicia que las promueven. Y es que parece que esos políticos no son conscientes, o les da igual, que la ciudadanía de este país no quiere su política de represión y miedo, y sí quiere más y mejor democracia. Hay que defender los derechos y libertades que están amenazados ejerciéndolos. Aún está en nuestras manos.


Actualización 31 de Marzo

Entra en vigor el 1 de Abril 2015 la Disposición Final Primera de la Ley Mordaza publicada hoy en el BOE

Régimen especial de Ceuta y Melilla. 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»

Por Carlos Escaño

Las Leyes Mordaza, ese paquete de reformas contrarias a los Derechos Humanos orientadas a la criminalización de la protesta social, al ejercicio de las libertades de manifestación y de información, también se ceba con los derechos de las personas en situación de exclusión social y con las personas migrantes.

Una de sus mayores atrocidades es la pretensión de defender la actuación policial en las fronteras, con una enmienda en la ley Mordaza para posibilitar las expulsiones de personas automáticas y sin garantías en Ceuta y Melilla. Esto lesiona flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales.

La Plataforma No Somos Delito remitió en noviembre una carta firmada por 16 organizaciones y plataformas al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en la que se denuncia la propuesta del Ministro de Interior Fernández Díaz de “rechazar extranjeros en la frontera” para que le recuerde a España cuáles son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho comunitario e internacional.

José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, afirma con rotundidad que “la aprobación de la Ley Mordaza va a suponer en el ámbito de las únicas fronteras terrestres que tiene España y Europa con África la confirmación oficial y legal de su estatus de hecho como muro militar”. Según nos informa, “el proyecto comenzó en los años 90 con una secuencia de construcción de vallas cada vez más altas y más peligrosas que no ha cesado aún, con la implicación cada vez mayor del ejército colonial marroquí en el control militar de una frontera que el país magrebí no reconoce, con una legislación cada vez más dura y más arbitraria con los inmigrantes y refugiados que intentaban el acceso a nuestro territorio buscando cobijo y protección. Los métodos empleados para evitar el acceso al territorio, y en su caso, la deportación han sido progresivamente más violentos e ilegales”.

La enmienda que pretende legalizar las devoluciones en caliente “puede abrir una brecha en las garantías por las que la comunidad internacional ha luchado duramente desde la II Guerra Mundial”, según ha manifestado Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras la aprobación en el Senado de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana.

Según Palazón, la acción militar conjunta hispano marroquí ha provocado incontables muertes y centenares de heridos con una absoluta impunidad, haciendo que miles de personas, las más vulnerables: mujeres y niños, tengan que optar por un peligroso viaje en patera con consecuencias conocidas y de las cuales no pueden tampoco los gobiernos español y marroquí eludir su responsabilidad directa. Si estas situaciones se han dado hasta ahora de forma ilegal y con una absoluta impunidad, se pretende ahora dar cuerpo legal a las mismas para evitar las responsabilidades criminales que se puedan derivar de ellas.

Todo ello al tiempo que se pretende impedir la difusión e información de los actos y métodos que son habituales en frontera y que aún haciéndolos legales en nuestro territorio seguirán siendo manifiestamente ilegales en el orden jurídico internacional. Recordamos aquí que otra de las funestas sanciones que el Gobierno pretende imponer con la Ley Mordaza va dirigida a quienes difundan imágenes de una intervención policial, con multas de hasta 30.000 euros, lo que significará vía libre a una mayor impunidad policial.

Desde No Somos Delito se seguirá denunciando que no puede tolerarse que existan fronteras por encima de los derechos humanos. Porque ningún ser humano es ilegal. Porque no podemos consentir que se perpetren graves violaciones de Derechos Humanos en nombre de nuestra seguridad ciudadana. Por ello y otras muchas razones la Plataforma insta al gobierno a que retire sus Leyes Mordaza y a la dimisión del Ministro de Interior Fernández Díaz, promotor de esta enmienda que es del todo intolerable.


Por Carlos Escaño

Estamos en la recta final de lo que mucha gente consideramos un claro golpe al Estado Social y Democrático de Derecho. Percibimos que para los actuales líderes de este país la Democracia les molesta, sobre todo cuando la ciudadanía ejerce los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de reunión pacífica, precisamente en defensa de otros derechos fundamentales que el gobierno está aniquilando a una velocidad apabullante.

Derechos a una vivienda digna, al trabajo, a la salud y educación pública, a la huelga, a la justicia gratuita… esos derechos reconocidos en la Constitución Española parecen papel mojado en manos de estos gobernantes. ¿Te indigna? ¿Quieres protestar? Pues toma Leyes Mordaza.

 

Las formas efectivas de ejercicio de las libertades de manifestación por parte de la gente concienciada con la deriva autoritaria y corrupta de los gobernantes les resulta un escollo. Prefieren que nos quedemos sentados en nuestras casas frente al televisor, y para quienes tienen tendencia a ejercer sus derechos en la calle les quieren infringir miedo a hacerlo, y si con esto no basta, los reprimen a base de multas y de acusaciones de vejaciones a la policía o atentado a las instituciones del Estado, cualquier cosa, aunque sea falsa, por tal de criminalizar la protesta social.

Si, prevalece la interpretación de las fuerzas del orden establecido. Ese orden en el que quienes más tienen más se enriquecen, mientras la mayoría sufre un proceso de empobrecimiento en el acceso a los bienes más básicos y en el ejercicio de sus derechos. Parece que esto no les importa. A no ser que la indignación sea tal que supere la influencia que generan los medios de masas que controlan y que por tanto eso les haga perder votos.

No parece que les preocupe que tanto la ONU como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa les hagan saber que sus “Leyes Mordaza” son contrarias a los Derechos Humanos y que por tanto deben retirarlas. No les importa que jueces, fiscales, abogados, organizaciones de derechos humanos junto a todo tipo de movimientos sociales les haga llegar que sus reformas no las toleramos, que no estamos dispuestos a aceptar que vuelvan a regir normas propias de una Dictadura.

¿Acaso están haciendo lo que siempre quisieron hacer cuando se encuentran ya en el final de una legislatura que marcará el fin del régimen del 78? Tal vez no sea esa la pregunta más importante. Tal vez la pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a tragar un pueblo ya tan castigado en el bolsillo y en sus ilusiones? Con frecuencia se escuchan voces que ven como solución el cambio de representantes en las instituciones, olvidando que es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras el ejercicio y la defensa de la Democracia. Ya sabemos qué puede pasar si dejamos que la política sea cosa de la clase política. La movilización social debe estar siempre presente para hacer frente a cualquier desvío de quien sea de sus responsabilidades, tenga el color que tenga su partido.

Las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal así como el Pacto Antiterrorista del PP con el PSOE están claramente dirigidos a limitar duramente tu posibilidad de defender los derechos más básicos. Es una mordaza en la boca la que nos quieren poner para no molestarles mientras disfrutan del reparto del pastel de lo público, de los recursos de todos, para beneficio de ellos mismos y sus amigos. Eso es, te están diciendo: Indígnate si quieres, pero en tu casa. No protestes. Te lo prohibimos. El 26 de marzo su deseo, tu represión, se hará Ley.


 Por No Somos Delito

El PP remata su estrategia de aprobación de las Leyes Mordaza esta semana en el Senado

La mayoría absoluta del PP permitirá dar esta semana uno de los últimos pasos antes de la aprobación de las llamadas “Leyes Mordaza”, que incluyen la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Pacto Antiterrorista. Tanto la Ley Mordaza así como la Reforma Penal cuentan con el rechazo en bloque de la oposición, los movimientos sociales y los organismos internacionales. Cinco relatores de la ONU pidieron al gobierno en los últimos meses la retirada de estas reformas por atentar contra los derechos fundamentales.

Según el Orden del Día del Pleno del Senado, este miércoles y jueves se procederá a la votación de las tres reformas, que deberán votarse de nuevo en el Congreso para su aprobación definitiva en el Pleno del 26 de marzo.

Ante las detenciones y aumento de la represión de las últimas semanas, periodistas y organizaciones sociales denuncian que estas leyes que suponen una cortapisa para la protesta social ya se están aplicando antes de ser aprobadas.

EL CASO DE JAIME ALEKOS

Para Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, medio para el que cubría el desahucio de Ofelia Nieto el vídeo-periodista Jaime Alekos, “la detención ilegal de Jaime desaparecido durante 11 horas y acusado de atentado a la autoridad (con 2-4 años de cárcel) nos parece un ataque brutal al derecho de información y expresión”. “Nos parece una vuelta al franquismo. Meternos miedo para amordazar a periodistas y ciudadanos”

Yo creo que acabaremos muchos en la cárcel por informar o por manifestarnos cuando se empiecen a aplicar estas leyes. No nos vamos a callar”, defiende Javier.

DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La Asociación Prodein, que trabaja por los derechos de los migrantes en Melilla, denuncia su impotencia ante la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque “las devoluciones en caliente será de las primeras prácticas en legalizarse, ya que la ley aplicará esta medida al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE”, explica José Palazón, activista en favor de los derechos de los migrantes y foto-reportero en Prodein.

Si situaciones como las devoluciones en caliente se han dado hasta ahora de forma ilegal y con una absoluta impunidad, se pretende ahora dar cuerpo legal a las mismas para evitar las responsabilidades criminales que se puedan derivar de ellas. Todo ello al tiempo que se pretende impedir la difusión e información de los actos y métodos”, explica Palazón.

PERSECUCIÓN DE LA LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

Daniel, activista contra los desahucios de la Oficina de la Vivienda comenta la actuación desproporcionada ante el desalojo la semana pasada en Ofelia Nieto. “No sólo denunciamos la agresividad que mantuvo la policía durante este desalojo y derribo, sino también la represión sobre medida que se produjo ese día”, comenta.

El activista también expresa “el incremento de la violencia policial sobre las personas que están luchando por una vivienda digna”. Según Daniel, también está aumentando el número de detenidos en actos pacíficos de vivienda, así como el número de ejecuciones de desahucio, que son mayores que antes”. El ejemplo más reciente ha sucedido esta misma semana con la detención de 19 personas acusadas de delito contra las instituciones del Estado por protestar pacíficamente en el Pleno de la Junta de Moratalaz contra los desahucios.

DENUNCIAS POR FILMAR A UN POLICÍA

La activista Alicia (conocida como @Aliwitt en Twitter) ha sufrido en sus propias carnes la aplicación de la Ley Mordaza antes de su aprobación, tras ser denunciada por un agente de la policía antidisturbios (UIP) por presunta “vejación injusta” al ver publicada en Twitter una foto suya en la que aparece riéndose durante un desahucio.

La foto en cuestión fue tomada durante el desahucio de Jessica en Tetuán el pasado 3 de febrero, cuyas imágenes están recogidas en este vídeo en el que se muestra cómo el funcionario público se reía mientras se ejecutaba el desahucio.

Esta es una clarísima llamada de atención y un acoso porque los que grabamos resultamos molestos. Estamos para defender a los activistas y para contar lo que otros no cuentan”, explica la activista.

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión denuncia la política del miedo que buscan estas leyes: “La aprobación de la Ley Mordaza es uno de los peores recortes a las libertades fundamentales que se produce en España desde el franquismo. No hay ningún fundamento democrático que sustente semejante ataque a los derechos de protesta, información y expresión; solo el miedo del partido político en el Gobierno a perder su estatus y el temor a que la ciudadanía ponga sus decisiones contra las cuerdas a través de protestas públicas, ya sea en la calle o en las redes sociales”.

La plataforma No Somos Delito continúa solicitando la dimisión del Ministro de Interior y del Ministro de Justicia ante la aprobación de estas leyes y en concreto muestra su preocupación por la criminalización de los movimientos sociales que se hace en el Pacto Antiterrorista que aprobará junto a la Ley Mordaza el gobierno con el apoyo del Grupo Socialista.

INFO SOBRE TRAMITES


El Senado de España debería rechazar un desacertado proyecto de ley sobre seguridad pública que cercenaría garantías de derechos, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto legislativo, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados, contiene disposiciones violatorias de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, penaliza injustificadamente a grupos vulnerables e incumple normas internacionales sobre asilo. Está previsto que el Senado someta el proyecto a votación el 10 de marzo de 2015.

“Si bien esta versión presenta mejoras respecto del proyecto original propuesto por el gobierno, la norma vulnera de todas maneras derechos fundamentales de innumerables formas”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “El Senado no debería desaprovechar esta última oportunidad de asegurar que el gobierno español no avasalle derechos y libertades fundamentales en España”.

El Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana limitará el momento y el lugar donde podrán desarrollarse protestas, y contemplará abultadas multas para quienes celebren protestas espontáneas. Las disposiciones prevén multas de cuantía similar para “faltas de respeto” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual amedrentaría la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto adopta un enfoque punitivo con respecto a los sin techo, los trabajadores sexuales y las personas que consumen drogas.

Cuando los gobiernos adoptan medidas que sean restrictivas para los derechos humanos y, en particular, que tengan un impacto regresivo, tienen la obligación de justificar su necesidad. El gobierno español no ha planteado argumentos convincentes de que las potestades que pretende establecer sean necesarias y puedan justificar la limitación de derechos políticos y civiles fundamentales, sostuvo Human Rights Watch.

El gobierno intenta además utilizar el proyecto para formalizar una práctica persistente pero ilegítima, por la cual se permite el retorno sumario de migrantes, incluidas personas que podrían ser solicitantes de asilo, desde los enclaves españoles en el norte de África.

A pesar de algunas mejoras incorporadas tras intensas críticas de organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de prestigio, el proyecto todavía presenta graves falencias que se apartan de lo exigido por estándares internacionales de derechos humanos, indicó Human Rights Watch. El 23 de febrero, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU instó a España a rechazar la “ley mordaza”, como ha sido calificada por grupos de oposición, al considerar que constituye una amenaza a los “derechos y libertades fundamentales de los individuos”.

Descripción de disposiciones problemáticas

Entre las disposiciones problemáticas relativas al derecho de reunión pacífica se incluyen:

  • Multas de hasta 600 euros para quienes no informen anticipadamente a las autoridades sobre reuniones o manifestaciones en lugares públicos, incluso cuando no se produzcan daños a personas o bienes ni se perturbe el orden público;
  • Multas de hasta 600 euros para quienes no respeten el itinerario aprobado o establecido por las autoridades durante una manifestación, incluso cuando esto provoque solamente alteraciones menores;
  • Multas de hasta 30.000 euros para supuestos de perturbación grave de la seguridad pública durante manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas, incluso cuando no estuvieran sesionando. El proyecto dispone que las multas se aplicarán a menos que la “perturbación grave” sea constitutiva de infracción penal. Preocupa a los activistas que la medida esté destinada básicamente a disuadir manifestaciones contra organismos legislativos nacionales y de las comunidades autónomas. En cambio, las autoridades deberían facilitar las manifestaciones que se atengan a su objeto y destinatarios;
  • Multas de hasta 30.000 euros para quienes obstruyan a cualquier autoridad o empleado público que pretenda ejecutar acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, cuando la acción no sea constitutiva de delito. Esta disposición parece haber sido redactada específicamente para que no se produzcan encuentros organizados con el fin de impedir desahucios por falta de pago de cuotas hipotecarias y alquileres. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios organizan periódicamente encuentros para impedir la ejecución de desalojos forzados, aseverando que estos violan el derecho a la vivienda adecuada; y
  • Multas de hasta 600.000 euros por mantener reuniones o encuentros espontáneos, es decir, sin notificación, o “en [las] inmediaciones” de infraestructuras o instalaciones que brindan servicios básicos, incluidos nodos de transporte, centrales nucleares y refinerías, plantas de suministro de servicios públicos e infraestructuras de telecomunicaciones, cuando los encuentros supongan un riesgo para personas. Tales reuniones o manifestaciones que produzcan una“interferencia grave” en servicios básicos podrán ser pasibles de multas de hasta 30.000 euros. Esta restricción indeterminada con respecto a dónde se pueden desarrollar manifestaciones podría aplicarse en la práctica para poner fin a numerosas protestas pacíficas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que el requisito de notificación previa no debería constituir un obstáculo al derecho de reunión pacífica, y ha destacado que las autoridades deberían mostrar tolerancia frente a encuentros pacíficos para evitar que la libertad de reunión no se convierta en un concepto meramente abstracto. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiaia, ha recomendado a todos los países que los encuentros espontáneos deben tener carácter lícito.

El proyecto también tendría una injerencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión, al disponer:

  • Multas de hasta 30.000 euros para el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Debido al carácter impreciso de los criterios, es probable que la disposición se invoque contra fotoperiodistas y ciudadanos comunes que graben o publiquen fotografías o videos de intervenciones y operativos públicos. Existe una profunda preocupación de que la amenaza de estas multas genere autocensura, y que esto frustre la posibilidad de que haya rendición de cuentas por comportamientos abusivos, como uso excesivo de la fuerza por funcionarios de aplicación de la ley; y
  • Multas de hasta 600 euros por “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones… cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que las autoridades públicas, incluidos funcionarios de aplicación de la ley, deben aceptar un cierto grado de crítica e incluso ofensas. En el caso Thoirgerson v. Iceland, por ejemplo, el Tribunal determinó que referirse a la Policía como “bestias uniformadas” constituía una expresión protegida, y que la imposición de una condena por difamación con este fundamento podría desalentar el debate abierto de asuntos de interés público y no resultaba proporcionada ni necesaria.

El proyecto de ley dificultaría las condiciones de personas marginadas que viven y trabajan en las calles, y supondría un enfoque punitivo que atenta contra la inclusión social y una multiplicidad de derechos humanos fundamentales:

  • Las personas que contribuyan al “deslucimiento” de bienes públicos —un concepto que se define de manera poco precisa— podrían recibir multas de hasta 600 euros. Organizaciones no gubernamentales de España han manifestado que les preocupa que esto pueda facilitar la imposición de multas a personas sin techo que duerman en bancos de parques o estén sentadas en esquinas;
  • El proyecto elimina la posibilidad de suspender la multa vigente de hasta 30.000 euros para el consumo o la tenencia en público de drogas ilícitas, así como el abandono en espacios públicos de los elementos utilizados para el consumo de drogas. Actualmente, la multa puede ser suspendida si la persona ingresa a un programa de rehabilitación. Pero el proyecto solamente prevé esta oportunidad para quienes tengan menos de 18 años. Organizaciones no gubernamentales de España sostienen que la posibilidad de suspender la multa ha demostrado contribuir a que las personas que usan drogas reciban servicios, y que la reforma tendrá un efecto regresivo; y
  • Quienes procuren obtener o acepten servicios sexuales retribuidos en zonas públicas en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como parques infantiles o escuelas, podrían recibir multas de hasta 30.000 euros. Los trabajadores sexuales podrán enfrentar multas cuando ignoren un apercibimiento policial en este sentido. Si bien el gobierno tiene discrecionalidad para intervenir en la regulación del trabajo sexual, las medidas que se adopten deben respetar las normas de derechos humanos, no deben poner en riesgo a trabajadores sexuales y deben formularse de manera precisa y acotada para que no sean susceptibles de abusos que posibiliten el hostigamiento y la discriminación. La redacción es lo suficientemente imprecisa como para que esto suceda.

Si bien el proyecto fue modificado con el objeto de reforzar ciertas garantías, pone en riesgo a inmigrantes y solicitantes de asilo al permitir el retorno sumario a Marruecos de quienes sean interceptados cuando intentan cruzar en forma grupal las vallas que circundan las fronteras de los enclaves. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa han instado a que el parlamento español rechace esta medida.

La reforma de último momento dispone que los retornos deberán cumplir con normas internacionales, y plasma en ley la iniciativa del gobierno de establecer “oficinas de asilo” en las fronteras de los enclaves, así como su compromiso de formular protocolos claros para las fuerzas de seguridad españolas en estas zonas fronterizas. Si bien estas medidas son positivas, deberán ser aplicadas adecuadamente para asegurar que todas aquellas personas que necesitan protección tengan posibilidad de solicitarla, señaló Human Rights Watch. El gobierno no debería presumir que ninguna de las personas que intentan cruzar las vallas tienen una pretensión válida de protección.

Si bien las oficinas de asilo abrirán oficialmente antes de fin de marzo, la de Melilla funciona desde septiembre. Según CEAR, la principal organización de España que trabaja con refugiados, hasta mediados de febrero habían presentado solicitudes 440 personas, en su totalidad ciudadanos sirios. Para ingresar el lado español, las personas deben antes atravesar puestos de control oficiales marroquíes. La mayoría de quienes intentan ingresar a los enclaves trepando las vallas son originarios del África subsahariana, y en general lo hacen en grupos para lograr eludir a las fuerzas de seguridad marroquíes. Subsiste la posibilidad preocupante de que muchas personas, incluidas aquellas que pretenden solicitar protección internacional, opten por intentar saltar las vallas debido a que no pueden acceder a puestos fronterizos oficiales.