No a la Ley Mordaza

 Por No Somos Delito

El PP remata su estrategia de aprobación de las Leyes Mordaza esta semana en el Senado

La mayoría absoluta del PP permitirá dar esta semana uno de los últimos pasos antes de la aprobación de las llamadas “Leyes Mordaza”, que incluyen la Reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y el Pacto Antiterrorista. Tanto la Ley Mordaza así como la Reforma Penal cuentan con el rechazo en bloque de la oposición, los movimientos sociales y los organismos internacionales. Cinco relatores de la ONU pidieron al gobierno en los últimos meses la retirada de estas reformas por atentar contra los derechos fundamentales.

Según el Orden del Día del Pleno del Senado, este miércoles y jueves se procederá a la votación de las tres reformas, que deberán votarse de nuevo en el Congreso para su aprobación definitiva en el Pleno del 26 de marzo.

Ante las detenciones y aumento de la represión de las últimas semanas, periodistas y organizaciones sociales denuncian que estas leyes que suponen una cortapisa para la protesta social ya se están aplicando antes de ser aprobadas.

EL CASO DE JAIME ALEKOS

Para Javier Bauluz, director de Periodismo Humano, medio para el que cubría el desahucio de Ofelia Nieto el vídeo-periodista Jaime Alekos, “la detención ilegal de Jaime desaparecido durante 11 horas y acusado de atentado a la autoridad (con 2-4 años de cárcel) nos parece un ataque brutal al derecho de información y expresión”. “Nos parece una vuelta al franquismo. Meternos miedo para amordazar a periodistas y ciudadanos”

Yo creo que acabaremos muchos en la cárcel por informar o por manifestarnos cuando se empiecen a aplicar estas leyes. No nos vamos a callar”, defiende Javier.

DEVOLUCIONES EN CALIENTE

La Asociación Prodein, que trabaja por los derechos de los migrantes en Melilla, denuncia su impotencia ante la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana, porque “las devoluciones en caliente será de las primeras prácticas en legalizarse, ya que la ley aplicará esta medida al día siguiente de la publicación de la ley en el BOE”, explica José Palazón, activista en favor de los derechos de los migrantes y foto-reportero en Prodein.

Si situaciones como las devoluciones en caliente se han dado hasta ahora de forma ilegal y con una absoluta impunidad, se pretende ahora dar cuerpo legal a las mismas para evitar las responsabilidades criminales que se puedan derivar de ellas. Todo ello al tiempo que se pretende impedir la difusión e información de los actos y métodos”, explica Palazón.

PERSECUCIÓN DE LA LUCHA POR EL DERECHO A LA VIVIENDA

Daniel, activista contra los desahucios de la Oficina de la Vivienda comenta la actuación desproporcionada ante el desalojo la semana pasada en Ofelia Nieto. “No sólo denunciamos la agresividad que mantuvo la policía durante este desalojo y derribo, sino también la represión sobre medida que se produjo ese día”, comenta.

El activista también expresa “el incremento de la violencia policial sobre las personas que están luchando por una vivienda digna”. Según Daniel, también está aumentando el número de detenidos en actos pacíficos de vivienda, así como el número de ejecuciones de desahucio, que son mayores que antes”. El ejemplo más reciente ha sucedido esta misma semana con la detención de 19 personas acusadas de delito contra las instituciones del Estado por protestar pacíficamente en el Pleno de la Junta de Moratalaz contra los desahucios.

DENUNCIAS POR FILMAR A UN POLICÍA

La activista Alicia (conocida como @Aliwitt en Twitter) ha sufrido en sus propias carnes la aplicación de la Ley Mordaza antes de su aprobación, tras ser denunciada por un agente de la policía antidisturbios (UIP) por presunta “vejación injusta” al ver publicada en Twitter una foto suya en la que aparece riéndose durante un desahucio.

La foto en cuestión fue tomada durante el desahucio de Jessica en Tetuán el pasado 3 de febrero, cuyas imágenes están recogidas en este vídeo en el que se muestra cómo el funcionario público se reía mientras se ejecutaba el desahucio.

Esta es una clarísima llamada de atención y un acoso porque los que grabamos resultamos molestos. Estamos para defender a los activistas y para contar lo que otros no cuentan”, explica la activista.

PLATAFORMA POR LA DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Virginia Pérez Alonso, presidenta de la Plataforma de Defensa de la Libertad de Expresión denuncia la política del miedo que buscan estas leyes: “La aprobación de la Ley Mordaza es uno de los peores recortes a las libertades fundamentales que se produce en España desde el franquismo. No hay ningún fundamento democrático que sustente semejante ataque a los derechos de protesta, información y expresión; solo el miedo del partido político en el Gobierno a perder su estatus y el temor a que la ciudadanía ponga sus decisiones contra las cuerdas a través de protestas públicas, ya sea en la calle o en las redes sociales”.

La plataforma No Somos Delito continúa solicitando la dimisión del Ministro de Interior y del Ministro de Justicia ante la aprobación de estas leyes y en concreto muestra su preocupación por la criminalización de los movimientos sociales que se hace en el Pacto Antiterrorista que aprobará junto a la Ley Mordaza el gobierno con el apoyo del Grupo Socialista.

INFO SOBRE TRAMITES


El Senado de España debería rechazar un desacertado proyecto de ley sobre seguridad pública que cercenaría garantías de derechos, señaló hoy Human Rights Watch. El proyecto legislativo, que ya fue aprobado por el Congreso de los Diputados, contiene disposiciones violatorias de los derechos de libertad de expresión y reunión pacífica, penaliza injustificadamente a grupos vulnerables e incumple normas internacionales sobre asilo. Está previsto que el Senado someta el proyecto a votación el 10 de marzo de 2015.

“Si bien esta versión presenta mejoras respecto del proyecto original propuesto por el gobierno, la norma vulnera de todas maneras derechos fundamentales de innumerables formas”, observó Judith Sunderland, investigadora sénior para Europa occidental de Human Rights Watch. “El Senado no debería desaprovechar esta última oportunidad de asegurar que el gobierno español no avasalle derechos y libertades fundamentales en España”.

El Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana limitará el momento y el lugar donde podrán desarrollarse protestas, y contemplará abultadas multas para quienes celebren protestas espontáneas. Las disposiciones prevén multas de cuantía similar para “faltas de respeto” a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo cual amedrentaría la libertad de expresión. Asimismo, el proyecto adopta un enfoque punitivo con respecto a los sin techo, los trabajadores sexuales y las personas que consumen drogas.

Cuando los gobiernos adoptan medidas que sean restrictivas para los derechos humanos y, en particular, que tengan un impacto regresivo, tienen la obligación de justificar su necesidad. El gobierno español no ha planteado argumentos convincentes de que las potestades que pretende establecer sean necesarias y puedan justificar la limitación de derechos políticos y civiles fundamentales, sostuvo Human Rights Watch.

El gobierno intenta además utilizar el proyecto para formalizar una práctica persistente pero ilegítima, por la cual se permite el retorno sumario de migrantes, incluidas personas que podrían ser solicitantes de asilo, desde los enclaves españoles en el norte de África.

A pesar de algunas mejoras incorporadas tras intensas críticas de organizaciones no gubernamentales y organismos nacionales e internacionales de prestigio, el proyecto todavía presenta graves falencias que se apartan de lo exigido por estándares internacionales de derechos humanos, indicó Human Rights Watch. El 23 de febrero, un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU instó a España a rechazar la “ley mordaza”, como ha sido calificada por grupos de oposición, al considerar que constituye una amenaza a los “derechos y libertades fundamentales de los individuos”.

Descripción de disposiciones problemáticas

Entre las disposiciones problemáticas relativas al derecho de reunión pacífica se incluyen:

  • Multas de hasta 600 euros para quienes no informen anticipadamente a las autoridades sobre reuniones o manifestaciones en lugares públicos, incluso cuando no se produzcan daños a personas o bienes ni se perturbe el orden público;
  • Multas de hasta 600 euros para quienes no respeten el itinerario aprobado o establecido por las autoridades durante una manifestación, incluso cuando esto provoque solamente alteraciones menores;
  • Multas de hasta 30.000 euros para supuestos de perturbación grave de la seguridad pública durante manifestaciones frente al Congreso de los Diputados, el Senado o asambleas legislativas de las comunidades autónomas, incluso cuando no estuvieran sesionando. El proyecto dispone que las multas se aplicarán a menos que la “perturbación grave” sea constitutiva de infracción penal. Preocupa a los activistas que la medida esté destinada básicamente a disuadir manifestaciones contra organismos legislativos nacionales y de las comunidades autónomas. En cambio, las autoridades deberían facilitar las manifestaciones que se atengan a su objeto y destinatarios;
  • Multas de hasta 30.000 euros para quienes obstruyan a cualquier autoridad o empleado público que pretenda ejecutar acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, cuando la acción no sea constitutiva de delito. Esta disposición parece haber sido redactada específicamente para que no se produzcan encuentros organizados con el fin de impedir desahucios por falta de pago de cuotas hipotecarias y alquileres. Organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y Stop Desahucios organizan periódicamente encuentros para impedir la ejecución de desalojos forzados, aseverando que estos violan el derecho a la vivienda adecuada; y
  • Multas de hasta 600.000 euros por mantener reuniones o encuentros espontáneos, es decir, sin notificación, o “en [las] inmediaciones” de infraestructuras o instalaciones que brindan servicios básicos, incluidos nodos de transporte, centrales nucleares y refinerías, plantas de suministro de servicios públicos e infraestructuras de telecomunicaciones, cuando los encuentros supongan un riesgo para personas. Tales reuniones o manifestaciones que produzcan una“interferencia grave” en servicios básicos podrán ser pasibles de multas de hasta 30.000 euros. Esta restricción indeterminada con respecto a dónde se pueden desarrollar manifestaciones podría aplicarse en la práctica para poner fin a numerosas protestas pacíficas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente que el requisito de notificación previa no debería constituir un obstáculo al derecho de reunión pacífica, y ha destacado que las autoridades deberían mostrar tolerancia frente a encuentros pacíficos para evitar que la libertad de reunión no se convierta en un concepto meramente abstracto. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación pacíficas, Maina Kiaia, ha recomendado a todos los países que los encuentros espontáneos deben tener carácter lícito.

El proyecto también tendría una injerencia desproporcionada en el derecho a la libertad de expresión, al disponer:

  • Multas de hasta 30.000 euros para el “uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación”. Debido al carácter impreciso de los criterios, es probable que la disposición se invoque contra fotoperiodistas y ciudadanos comunes que graben o publiquen fotografías o videos de intervenciones y operativos públicos. Existe una profunda preocupación de que la amenaza de estas multas genere autocensura, y que esto frustre la posibilidad de que haya rendición de cuentas por comportamientos abusivos, como uso excesivo de la fuerza por funcionarios de aplicación de la ley; y
  • Multas de hasta 600 euros por “faltas de respeto y consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones… cuando estas conductas no sean constitutivas de infracción penal”.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que las autoridades públicas, incluidos funcionarios de aplicación de la ley, deben aceptar un cierto grado de crítica e incluso ofensas. En el caso Thoirgerson v. Iceland, por ejemplo, el Tribunal determinó que referirse a la Policía como “bestias uniformadas” constituía una expresión protegida, y que la imposición de una condena por difamación con este fundamento podría desalentar el debate abierto de asuntos de interés público y no resultaba proporcionada ni necesaria.

El proyecto de ley dificultaría las condiciones de personas marginadas que viven y trabajan en las calles, y supondría un enfoque punitivo que atenta contra la inclusión social y una multiplicidad de derechos humanos fundamentales:

  • Las personas que contribuyan al “deslucimiento” de bienes públicos —un concepto que se define de manera poco precisa— podrían recibir multas de hasta 600 euros. Organizaciones no gubernamentales de España han manifestado que les preocupa que esto pueda facilitar la imposición de multas a personas sin techo que duerman en bancos de parques o estén sentadas en esquinas;
  • El proyecto elimina la posibilidad de suspender la multa vigente de hasta 30.000 euros para el consumo o la tenencia en público de drogas ilícitas, así como el abandono en espacios públicos de los elementos utilizados para el consumo de drogas. Actualmente, la multa puede ser suspendida si la persona ingresa a un programa de rehabilitación. Pero el proyecto solamente prevé esta oportunidad para quienes tengan menos de 18 años. Organizaciones no gubernamentales de España sostienen que la posibilidad de suspender la multa ha demostrado contribuir a que las personas que usan drogas reciban servicios, y que la reforma tendrá un efecto regresivo; y
  • Quienes procuren obtener o acepten servicios sexuales retribuidos en zonas públicas en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como parques infantiles o escuelas, podrían recibir multas de hasta 30.000 euros. Los trabajadores sexuales podrán enfrentar multas cuando ignoren un apercibimiento policial en este sentido. Si bien el gobierno tiene discrecionalidad para intervenir en la regulación del trabajo sexual, las medidas que se adopten deben respetar las normas de derechos humanos, no deben poner en riesgo a trabajadores sexuales y deben formularse de manera precisa y acotada para que no sean susceptibles de abusos que posibiliten el hostigamiento y la discriminación. La redacción es lo suficientemente imprecisa como para que esto suceda.

Si bien el proyecto fue modificado con el objeto de reforzar ciertas garantías, pone en riesgo a inmigrantes y solicitantes de asilo al permitir el retorno sumario a Marruecos de quienes sean interceptados cuando intentan cruzar en forma grupal las vallas que circundan las fronteras de los enclaves. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch, la Agencia de la ONU para los Refugiados y el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa han instado a que el parlamento español rechace esta medida.

La reforma de último momento dispone que los retornos deberán cumplir con normas internacionales, y plasma en ley la iniciativa del gobierno de establecer “oficinas de asilo” en las fronteras de los enclaves, así como su compromiso de formular protocolos claros para las fuerzas de seguridad españolas en estas zonas fronterizas. Si bien estas medidas son positivas, deberán ser aplicadas adecuadamente para asegurar que todas aquellas personas que necesitan protección tengan posibilidad de solicitarla, señaló Human Rights Watch. El gobierno no debería presumir que ninguna de las personas que intentan cruzar las vallas tienen una pretensión válida de protección.

Si bien las oficinas de asilo abrirán oficialmente antes de fin de marzo, la de Melilla funciona desde septiembre. Según CEAR, la principal organización de España que trabaja con refugiados, hasta mediados de febrero habían presentado solicitudes 440 personas, en su totalidad ciudadanos sirios. Para ingresar el lado español, las personas deben antes atravesar puestos de control oficiales marroquíes. La mayoría de quienes intentan ingresar a los enclaves trepando las vallas son originarios del África subsahariana, y en general lo hacen en grupos para lograr eludir a las fuerzas de seguridad marroquíes. Subsiste la posibilidad preocupante de que muchas personas, incluidas aquellas que pretenden solicitar protección internacional, opten por intentar saltar las vallas debido a que no pueden acceder a puestos fronterizos oficiales.


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 La plataforma No Somos Delito y una decena de organizaciones sociales contestan al ministro del  Interior, Jorge Fernández.

PRODEIN,  Legal Sol, Greenpeace, Avaaz, CGT, la Plataforma de Afectados por la HipotecaSOS Racismo, la Plataforma por el Derecho a la Libertad de Información, Diagonal, o la Asociación Libre de Abogados.

Comunicado: 

El reto de “Je suis Jorge” #VáyaseSrFernández

Jorge Fernández Díaz manifestó el pasado domingo en el programa de Jordi Évole, Salvados: Una hora con el ministro, que si se le demostraba que la Ley de Seguridad Ciudadana recortaba algún derecho fundamental él estaba dispuesto a retirarse inmediatamente.

“Yo he preguntado en sede parlamentaria, díganme una libertad o un derecho que esta proyecto de ley recorte, porque estoy dispuesto a retirarme inmediatamente… hasta ahora nadie ha sido capaz de decirme uno…” Jorge Fernández Díaz.

Con estas palabras, entendemos que el Ministro de Interior nos reta a organizaciones de derechos humanos y colectivos a que le demos las razones por las que debería prodecer a retirarse. En este vídeo diferentes iniciativas sociales señalan uno a uno los derechos fundamentales que vulnera esta Ley, conocida ya comúnmente como Ley Mordaza.

Asumimos que, de alguna manera, quién sabe cómo, no le hayan llegado al responsable de la instauración citada reforma, las múltiples manifestaciones de movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, todos los demás partidos, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa y los relatores de libertad de expresión y de reunión de Naciones Unidas, denunciando las graves implicaciones en materia de derechos humanos que tendrá su aplicación.

No obstante aceptamos que los innumerables informes, comunicaciones y todo tipo de materiales que se han hecho públicos no llegaran a su conocimiento. Eso sí, tan solo aceptamos tamaña absurdez si en esta ocasión cumple con su compromiso, que podemos llamar EL RETO DE #JESUISJORGE de retirar cada una de las vulneraciones de derechos del articulado de la Ley Mordaza que le hagamos llegar.

De ahí este vídeo-acción en el que respondemos al reto que nos lanza el Ministro Jorge Fernández Díaz y le mostramos una buena serie de graves vulneraciones de derechos que implican su Ley Mordaza.

Esperamos que lo disfrutéis, que lo mováis entre vuestra familia, amigos, compañeros de estudios, trabajo o aventuras. Hacérselo llegar a todas las personas posibles, y por supuesto, háganselo llegar al Ministro Jorge Fernández Díaz.

Y por si fuera poco, para asegurarnos que le llega la información, con todos sus matices y para que no se nos quede nada en el tintero, os proponemos ¡¡ACTUAR!!

Crear vuestros propios vídeos dando razones de derechos fundamentales que vulnera la Ley Mordaza y muévanlo por las redes sociales con el hastag #VayaseSrFernandez. Para quienes mováis vuestros vídeos por Twitter poner la dirección del Ministerio @interiorgob y así nos aseguramos que esta vez sí, les llega la información.

nosomosdelito.net/ 

LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA VULNERA DERECHOS FUNDAMENTALES DE UN ESTADO DE DERECHO 

1.   

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La Ley Mordaza sancionará el escalamiento a edificios o monumentos sin autorización con multas de 101 a 600 euros.

Art 37. 15. El escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen daños a las personas o a los bienes.

 

LIBERTAD DE REUNIÓN PACÍFICA

Por desobediencia pacífica a la autoridad entre 600 y 30.000 €

Art 36. 6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación.

Por no finalizar una manifestación si lo exige la policía entre 600 y 30.000€

Art 36. 7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

 

Por hacer una asamblea en un espacio público entre 101 y 600€

Art 37.1. La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, cuya responsabilidad corresponderá a los organizadores o promotores.

Por obstaculizar o intentar impedir un desahucio de 600 a 30.000€

Art 36. Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.

Ocupaciones de entidades bancarias para impedir un desahucio o la ocupación de hospitales o edificios públicos como forma de protesta de 101 a 600 euros

Art 37.7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal.

Las protestas en Infraestructuras de telecomunicaciones como RTVE de 30.001 a 600.000 euros

Art 35. Serán sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros, las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad afectando a su funcionamiento normal. Se entenderá por infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad:

a) Centrales nucleares, petroquímicas, refinerías y depósitos de combustible.

3.   

DERECHO A HUELGA 

Por no finalizar una manifestación si lo exige la policía entre 600 y 30.000€

Art 36. 7. La negativa a la disolución de reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.

Piquetes informativos entre 600 y 30.000€

Art 36. 9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando no constituyan infracción muy grave.

4.    

DERECHO DE ASILO

Disposición adicional décima. Régimen especial de Ceuta y Melilla.

Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.»

5.    

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

La Ley Mordaza permitiría las redadas preventivas sin necesidad de que haya alteración de la seguridad efectiva

Artículo 16. Identificación de personas.

1. En el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito.

 

Topmanta de 101 a 600 euros

Art 37.7. La ocupación de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Asimismo la ocupación de la vía pública con infracción de lo dispuesto por la Ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquella por la autoridad competente. Se entenderá incluida en este supuesto la ocupación de la vía pública para la venta ambulante no autorizada.

6.    

DERECHOS DE COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Art 37.13. Los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal.

7.    

DERECHO DE INFORMACIÓN

Por difundir imágenes de la policía entre 600 y 30.000€

Art 36.26 El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.

8.    

ACCESO A LA JUSTICIA

Para recurrir en los tribunales habrá que pagar tasas judiciales, cuya cuantía depende de la multa impuesta.

 

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Fotografía Alejandro Martínez (@puchialex)

Agredidos cuando la cámara no ve

Varios activistas Stop Desahucios heridos afirman haber sido golpeados por la policía en un pasillo, fuera del alcance de las cámaras, tras bloquear pacíficamente el portal de la vivienda de Umberto Jiménez, que resultó desahuciado.


Manifestación en Madrid contra Ley Mordaza. 14 Febrero (@15MBcn_int)

Manifiesto No Somos Delito

El Partido Popular se ha quedado solo con esta Ley Mordaza.

Movimientos sociales, organizaciones de derechos humanos, jueces, fiscales, abogados, todos los demás partidos, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa y los relatores de libertad de expresión y de reunión de Naciones Unidas, todos nos hemos manifestado claramente en contra de esta ley de la inseguridad ciudadana.

Esta ley, que cuenta con el apoyo de un insignificante 7% de la población, está orientada a que tengamos miedo a ejercer nuestros derechos, y lo pretende hacer mediante unas multas desorbitadas:

 Por participar en una asamblea en una plaza, por escalar un edificio o un monumento, o por estar dentro de un espacio ocupado, nos podrán multar con hasta 600 euros.
 Por manifestarse frente al congreso, intentar impedir un desahucio, ocupar una sucursal bancaria o por difundir imágenes de la policía, podrán imponer una multa de hasta 30.000 euros.
 Y serán sancionadas con multas de hasta 600.000 euros las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, por ejemplo las protestas en RTVE.

Lista de ciudades. Haz Click en la imagen para ampliar

No es solo eso, esta Ley también cuenta con otras gravísimas violaciones de derechos humanos. La enmienda que incorporó el PP en la ley Mordaza para posibilitar las devoluciones de personas automáticas y sin garantías en Ceuta y Melilla, pretende hacer legal lo ilegal, lesionando flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales. No puede tolerarse que existan fronteras por encima de los derechos humanos.

Deportación ilegal en Melilla

Además la Ley Mordaza no viene sola, viene dentro de un paquete de reformas impulsadas por el gobierno en estos dos últimos años como la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Nacional o Ley Antiterrorista, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la Ley de Tasas y la Ley de Seguridad Privada. Un conjunto de Leyes Mordaza, con las que se limita nuestro acceso a la justicia, leyes que ponen en riesgo nuestra vida en democracia, nuestra vida en libertad, leyes cuya aplicación supone un grave atentado hacia derechos propios de una estado democrático como son la libertad de expresión o la libertad de reunión pacífica.

La reforma penal que convierte las faltas en delito castigará con penas de cárcel o antecedentes penales conductas propias de la protesta social como la resistencia pasiva, obstaculizar un desahucio o difundir consignas “que animen al desorden público”, y sin embargo no se endurece el castigo contra la corrupción ni contra otros delitos cometidos sólo por quien maneja grandes cantidades dinero. No creemos que esto tenga justificación alguna, precisamente ahora que la ciudadanía está sufriendo la crisis y el país atraviesa uno de los episodios más escandalosos en materia de corrupción.

¿De qué seguridad ciudadana habla el Gobierno con estas reformas?

La seguridad es cuando tenemos acceso a derechos fundamentales como lo son una vivienda digna, una educación y sanidad pública para todas, salario digno, acceso a la cultura… y nada de eso se nos está garantizando, al revés, nos lo están arrebatando, en un país en el que la desigualdad crece y los ricos lo son ahora más que nunca.

Sabemos que estas leyes no son para nuestra seguridad, sabemos que estas leyes han sido pensadas y hechas para proteger los intereses de un gobierno que está abusando de su mayoría absoluta para legislar en su beneficio propio.

Ya avisamos de que si aprobaban estas leyes en el Congreso nos movilizaríamos con mayor contundencia. Ellos no escucharon y votaron a favor, y nosotros somos miles manifestándonos en más de 25 ciudades, porque sabemos que estas leyes nos afectan a todas, porque sabemos que están en juego nuestras libertades y derechos, porque somos muchas las que nos negamos a caer en la resignación, porque somos muchas las que no estamos dispuestas a perder nuestros derechos. Porque, como decía el filósofo Paulo Freire, no es en la resignación en la que nos afirmamos, sino en la rebeldía ante las injusticias. El 14F no nos van a callar y juntas, vamos a acabar con estas leyes que nos amordazan. Vamos a defender nuestro derecho a la protesta, protestando.

Porque Democracia es Protesta contra lo que no se comparte, Democracia es poder Alzar la voz con libertad, Democracia es Insolencia y Rebeldía ante leyes injustas que van en contra del Estado de Derecho.

Lista de ciudades. Haz Click para ampliar

Gobierno del Partido Popular: No vamos a permitir que nos traigáis de vuelta prácticas propias de una dictadura. Habéis cruzado una línea roja. Con esta ley nefasta ignoráis que la soberanía reside en el pueblo, no somos vuestro enemigo, sino aquellos para quienes trabajáis. Diputados del Partido Popular, todos los que habéis votado a favor de esta Ley, no sois merecedores de representar a nadie en un Estado Social y Democrático de Derecho, puesto que ya habéis hecho público vuestro rechazo a la democracia y a los derechos de la ciudadanía.

El 14 F nos declaramos amantes de la libertad y salimos a la calle a decirles que no queremos vivir AMORdazados, que no tenemos miedo y que no somos delito.

A todos aquellos que de forma miserable habéis votado a favor de las Leyes Mordaza, de una vez escuchar, que cuando el pueblo alza su voz ¡nadie lo puede detener!

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Información relacionada:

Fotografía Alejandro Martínez (@puchialex)

Agredidos cuando la cámara no ve

Varios activistas Stop Desahucios heridos afirman haber sido golpeados por la policía en un pasillo, fuera del alcance de las cámaras, tras bloquear pacíficamente el portal de la vivienda de Umberto Jiménez, que resultó desahuciado.13.02.2015 ·   · VÍDEO
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La veterana luchadora antifranquista de 96 años Ángeles Flórez Peón “Maricuela” expresa su rechazo a la “Ley Mordaza”. Militante socialista, durante la guerra desarrolló labores de cocinera y enfermera en las filas republicanas. Posteriormente conocería las cárceles de Franco y el exilio en Francia. En el año 2003 vuelve a su Asturies natal donde vive rodeada del cariño y admiración de su pueblo.  Por Alberto Vázquez

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Miles de ciudadanos y ciudadanas se manifiestan e30 ciudades del Estado español contra la Ley Mordaza el 20 de Diciembre de 2014

Barcelona (Jesús G. Pastor @unfotografo_ )

Barcelona (Jesús G. Pastor)

Barcelona (Jesús G. Pastor)

Barcelona (Jesús G. Pastor)

Barcelona (Jesús G. Pastor)

Barcelona (Jesús G. Pastor)

@Migs_Bru

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Oviedo (Javier Bauluz)

Twitter de Periodismo Humano

Listado de ciudades con manifestaciones :

Listado de colectivos y asambleas que participan:
No somos delito, Desob14, PeopleWitness, Espai de confluència de Barris Viles i Pobles, Spanish Revolution, Acampadasol, CGT, Derechos Civiles 15M Zaragoza, Red de Medios Comunitarios (ReMC), Comité Disperso (BCN), Col·lectiu Jove de Nou Barris y 15M Nou Barris (BCN), Rereguarda, Defender a quien defiende, PCPV  (Valencia), PAH estatal,  SAT, Diversidad mundial, PAH VALENCIA, DRY Villena, Comisión Legal Salamanca, PACD (Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda), PAH Centro Madrid, Greenpeace

Periodismo Humano apoya la difusión de las protestas contra esta Ley Mordaza en España que pretende acabar con libertades fundamentales como el derecho a informar, a manifestarse pacíficamente, a expresarse con libertad y que legaliza las deportaciones ilegales de inmigrantes violando claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos .

 

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Más información sobre la Ley Mordaza en Periodismo Humano:

Un hombre intenta detener los golpes de un policía contra los activistas que protestaban contra un desahucio de una pareja con un bebé de cinco meses en Oviedo. (Fotografía (c) Javier Bauluz)

¡No pienso callar ante la Ley Mordaza!

Editar Esto

27.11.2014 · 

El Partido Popular ha aprobado la Ley Mordaza con la oposición del resto de grupos parlamentarios y de decenas de organizaciones sociales. “Si se aprueba en el congreso, estaremos más cerca de que nuestro derecho de reunión y manifestación se vea injustamente restringido y reglamentado, nuestro derecho a la libertad de expresión coaccionado por multas injustas, y nuestro derecho a la información y la libertad de prensa detenido por aquellos que no quieren dejar pruebas de sus actos represivos”

Leer más 
(Javier Bauluz)

El derecho a protestar está en peligro en España, alerta Amnistía Internacional

24.04.2014 ·  · (Periodista en Amnistía Internacional Madrid)

La conocida como Ley Mordaza llega este Jueves 16 de Octubre al Congreso. El inicio de la crisis en España en 2008 trajo consigo la imposición de medidas de austeridad que desembocaron en una oleada de protestas. La respuesta del Gobierno a las protestas ha sido, en gran parte, represiva: abuso de las sanciones administrativas impuestas a los manifestantes y uso excesivo de la fuerza que la policía ha empleado contra ellos. El Estado español ha optado por presentar propuestas legislativas que ampliarían el ámbito para sancionar a quienes organizan manifestaciones y participan en ellas.

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Concentración ante los juzgados contra el juicio a los activistas  (P.S.)

Juicio por protestar por la detención de inmigrantes cuando van a regularizar sus papeles

10.02.2014 ·  · (Oviedo)

Nueve defensores de derechos humanos se enfrentaron a un juicio el viernes acusados de desorden público por protestar en la Oficina de Extranjería de Oviedo contra las detenciones de inmigrantes cuando van a regularizar allí sus papeles. Tras ser absueltos, hablamos con uno de ellos, Eduardo Romero, autor de varios libros sobre políticas de extranjería e integrante del movimiento CIE´s No, que ha lanzado una campaña de boicot contra Air Europa y las otras empresas del Grupo Globalia. La Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros denuncia que mañana, jueves 13 de febrero, “el mismo día que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz comparecerá en el Congreso por los hechos sucedidos en Ceuta en los que fallecieron al menos 15 subsaharianos, el Gobierno español tiene previsto realizar dos nuevos vuelos de deportación de migrantes”.

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Policía secreta detiene manifestante contra la represión  (Imagen: Jaime Alekos)

Ocho detenidos por la policía secreta tras la manifestación contra la “Ley Mordaza”

09.02.2014 ·  · (Madrid) VÍDEO

Ocho personas fueron detenidas por la policía secreta tras la manifestación de un millar de  participantes que marcharon por el centro de la capital española, desde Cibeles hasta la Plaza de España y que fue convocada por más de una veintena de colectivos bajo el lema Contra su represión, nuestra resistencia.

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Que es la Ley Mordaza


El 20 de diciembre miles de personas saldrán a la calle para decir bien alto y bien claro que NO vamos a aceptar la aprobación de la Ley Mordaza. Personas de todo tipo y condición, colectivos sociales, sindicales, vecinales, de defensa de derechos humanos, antirepresivos, feministas, migrantes, trabajadoras sexuales y un largo etcétera saldremos a decir que NO permitiremos tal ataque a nuestros derechos y libertades.

El pasado 3 de diciembre se aprobó en el Congreso el texto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, con los únicos votos del Partido Popular. Partido que sigue sordo a todo lo que le llega desde la calle e incluso desde las butacas del propio Congreso. Los gritos de protesta molestan, desordenan, alteran a sus señorías, que andan demasiado ocupados con sus Gurtel, Bárcenas, Fabra y Matas como para escuchar algo de lo que pasa fuera de sus despachos y oficinas. Lo que pasa en la calle y en las casas vaciadas a la fuerza, en los hospitales sin camas o las escuelas sin calefacción. Pero parece que los gritos son ya tan fuertes que empiezan a perturbarles, así que se han decidido a imponer el silencio. Habrá mayoría silenciosa se quiera o no. Y punto.

La aprobación en el Senado se presenta como un mero trámite, a no ser que las movilizaciones ciudadanas lo impidan. De ahí la importancia de salir a la calle y presionar para impedir el mayor retroceso en los derechos civiles y políticos en años. Fue la movilización y acción de los movimientos feministas y de derechos humanos lo que paró la Ley contra el Aborto y será la movilización lo que parará a ésta.

No hay alternativa: la Ley Mordaza es la arbitrariedad, el control y la censura hecha ley. Cacheos corporales en plena calle, pudiendo implicar incluso el desnudo (artículo 20); retenciones por parte de los agentes y listas negras de infractores (art. 16); controles en las vías públicas (art. 17); constancia de la identidad de las personas que entren en un locutorio y haga uso de sus servicios (art. 25); filas cero en espectáculos públicos reservados a la “autoridad gubernativa” que podrá suspender la actividad si lo considera oportuno (art. 27), son algunas de las cuestiones que prevé la Ley, y de las que quizá se habla menos por no ser tan mediáticas.

La lista de potestades de los agentes y de las infracciones relacionadas con el derecho de reunión y manifestación y la libertad de información es larga, como se ha venido difundiendo por entidades y plataformas como No somos delito y Desobediencia 2014. Desde parar un desahucio a manifestarse por la sanidad pública en un hospital, la ocupación pacífica de una sede bancaria o una concentración no comunicada cerca del congreso o parlamentos son conductas que pretenden prohibirse y sancionarse con multas de hasta 30.000 o incluso 600.000 euros en algunos casos.

Nos amordazan

Si ya era de por sí grave el contenido de la Ley, el Gobierno pretende aprovechar ésta para modificar la actual Ley de Extranjería y permitir las “devoluciones en caliente”, es decir, la expulsión de personas migrantes en la frontera vulnerando de forma flagrante el derecho de asilo y todas las normas internacionales sobre la materia.

Pretenden amordazar nuestros anhelos de cambio y transformación mediante leyes como ésta y la reforma del código Penal. Pretenden criminalizar la disidencia mediante operaciones policiales espectaculares e imponiendo prisión preventiva, como a las siete personas privadas de libertad en el marco de la Operación Pandora. Ante este ataque tan grave a los derechos humanos y la democracia, la respuesta no puede ser otra que la movilización masiva y la desobediencia civil.

Nos vemos en la calle!

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