No a la Ley Mordaza

Por Carlos Escaño

Veo “con mucha preocupación y por muchas razones” el futuro del derecho penal con la aprobación de la reforma del código penal.  El profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la junta del Grupo de Estudios de Política Criminal Joan Baucells Lladós, entiende que “desde un punto de vista formal, no puede aceptarse que en una materia tan importante y sensible como la penal, se apruebe un texto que no sea fruto del consenso democrático.

La mayoría del partido popular ha impuesto su criterio en un tema, el penal, que necesita de amplios consensos. No puede ser que cada ministro de justicia emprenda una reforma penal y menos imponerla al resto de la sociedad”.  Denuncia que el Gobierno burla continuamente los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes que afectan a derechos y libertades fundamentales.

El derecho a la protesta se defiende protestando

Según el profesor de derecho penal “se ha reformado el código penal sin que fuera necesario desde un punto de vista preventivo, de forma irracional y para perseguir funciones exclusivamente propagandísticas. Un ejemplo paradigmático de todo ello es la reforma en materia de lucha anityihadista.

En un manifiesto Catedráticos penalistas de 35 Universidades Públicas españolas critican el carácter reaccionario y autoritario de la reforma penal. El Grupo de Estudios de Política Criminal manifiesta su preocupación por la reforma penal porque se trata de la más reaccionaria de todo el período democrático. “Y no sólo por la introducción de la cadena perpetua, sino también por la eliminación de las faltas y la conversión de la mayoría de estas infracciones en delitos y por la criminalización que hace del legítimo derecho a la manifestación.”

En esta misma línea Amnistía Internacional muestra su alta preocupación por el nuevo Código Penal, el cual “crea nuevos delitos y aumenta las penas contra las personas que se manifiestan. Por ejemplo, introduce penas más graves para los desórdenes públicos si se producen durante las manifestaciones. Además, puede castigar la resistencia pacífica a la autoridad, como puede ser una sentada, hasta con penas de cárcel, y la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales”. Con respecto al Pacto Antiterrorista realizado entre el PP y el PSOE asevera que “sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista pueden ser sancionadas sin cumplir las normas del derecho internacional”.

¿Cómo afecta a los movimientos sociales la nueva definición de delitos de terrorismo? Joan Baucells Lladós señala que “con esta amplitud podría llegar a considerarse terrorista al sujeto que, hasta actuando de forma individual, cometa alguna amenaza, alguna vejación o algún desorden público siempre que actuara con la finalidad de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o alterar gravemente la paz pública. Sin duda, alguno de los episodios de las nuevas formas de protesta, como el cerco al congreso podrían acabar etiquetándose como actos de terrorismo.”

La Directora Adjunta de Rights International Spain Patricia Goicoechea destacó en el programa de Coordenadas  sobre la reforma del código penal y la introducción de la prisión permanente, un endurecimiento que está siendo muy cuestionado desde todos los ámbitos. Incluso varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida se han dirigido al Estado español para mostrar su rechazo a la reforma del código penal en lo relativo a las libertades de reunión pacífica y de expresión, así como en materia de los delitos antiterroristas. Y resalta que “los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una  opinión son  fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”

Desde la Plataforma No Somos Delito se entiende que lo que está en juego es la propia esencia de la convivencia en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, o dicho de otro modo, que la aprobación el 26 de marzo de las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, las conocidas Leyes Mordaza, podremos considerarlo como el funeral de la Democracia en este país.

No todo está perdido. Si hacemos nuestra aquella frase que dice “la soberanía nacional reside en el pueblo” del artículo primero de la Constitución Española, si asumimos que la defensa de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” como un deber de cada uno/a de nosotros/as, tendremos la oportunidad de acabar con estas reformas reaccionarias. Y de paso, también debería ser el final de la carrera política de los ministros de interior y justicia que las promueven. Y es que parece que esos políticos no son conscientes, o les da igual, que la ciudadanía de este país no quiere su política de represión y miedo, y sí quiere más y mejor democracia. Hay que defender los derechos y libertades que están amenazados ejerciéndolos. Aún está en nuestras manos.


Por Carlos Escaño

Estamos en la recta final de lo que mucha gente consideramos un claro golpe al Estado Social y Democrático de Derecho. Percibimos que para los actuales líderes de este país la Democracia les molesta, sobre todo cuando la ciudadanía ejerce los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de reunión pacífica, precisamente en defensa de otros derechos fundamentales que el gobierno está aniquilando a una velocidad apabullante.

Derechos a una vivienda digna, al trabajo, a la salud y educación pública, a la huelga, a la justicia gratuita… esos derechos reconocidos en la Constitución Española parecen papel mojado en manos de estos gobernantes. ¿Te indigna? ¿Quieres protestar? Pues toma Leyes Mordaza.

 

Las formas efectivas de ejercicio de las libertades de manifestación por parte de la gente concienciada con la deriva autoritaria y corrupta de los gobernantes les resulta un escollo. Prefieren que nos quedemos sentados en nuestras casas frente al televisor, y para quienes tienen tendencia a ejercer sus derechos en la calle les quieren infringir miedo a hacerlo, y si con esto no basta, los reprimen a base de multas y de acusaciones de vejaciones a la policía o atentado a las instituciones del Estado, cualquier cosa, aunque sea falsa, por tal de criminalizar la protesta social.

Si, prevalece la interpretación de las fuerzas del orden establecido. Ese orden en el que quienes más tienen más se enriquecen, mientras la mayoría sufre un proceso de empobrecimiento en el acceso a los bienes más básicos y en el ejercicio de sus derechos. Parece que esto no les importa. A no ser que la indignación sea tal que supere la influencia que generan los medios de masas que controlan y que por tanto eso les haga perder votos.

No parece que les preocupe que tanto la ONU como el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa les hagan saber que sus “Leyes Mordaza” son contrarias a los Derechos Humanos y que por tanto deben retirarlas. No les importa que jueces, fiscales, abogados, organizaciones de derechos humanos junto a todo tipo de movimientos sociales les haga llegar que sus reformas no las toleramos, que no estamos dispuestos a aceptar que vuelvan a regir normas propias de una Dictadura.

¿Acaso están haciendo lo que siempre quisieron hacer cuando se encuentran ya en el final de una legislatura que marcará el fin del régimen del 78? Tal vez no sea esa la pregunta más importante. Tal vez la pregunta es ¿hasta dónde está dispuesto a tragar un pueblo ya tan castigado en el bolsillo y en sus ilusiones? Con frecuencia se escuchan voces que ven como solución el cambio de representantes en las instituciones, olvidando que es responsabilidad de cada uno de nosotros y nosotras el ejercicio y la defensa de la Democracia. Ya sabemos qué puede pasar si dejamos que la política sea cosa de la clase política. La movilización social debe estar siempre presente para hacer frente a cualquier desvío de quien sea de sus responsabilidades, tenga el color que tenga su partido.

Las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal así como el Pacto Antiterrorista del PP con el PSOE están claramente dirigidos a limitar duramente tu posibilidad de defender los derechos más básicos. Es una mordaza en la boca la que nos quieren poner para no molestarles mientras disfrutan del reparto del pastel de lo público, de los recursos de todos, para beneficio de ellos mismos y sus amigos. Eso es, te están diciendo: Indígnate si quieres, pero en tu casa. No protestes. Te lo prohibimos. El 26 de marzo su deseo, tu represión, se hará Ley.