No a la Ley Mordaza

Después de 2 años, No Somos Delito sigue luchando contra las Leyes Mordaza gracias al trabajo y esfuerzo de muchas organizaciones sociales y colectivos de ciudadanos defensores de los derechos humanos en España. La lucha contra las Leyes Mordaza, es la lucha contra la criminalización y represión de los movimientos sociales y de las personas en riesgo de exclusión social, es la defensa del ejercicio de nuestros derechos de manifestación, reunión, asociación y la libertad de expresión, derechos conquistados tras décadas de dictadura y que ahora se están viendo vulnerados por leyes injustas e innecesarias como estas.

Este otoño 2015 con las elecciones generales en el horizonte, vamos a seguir presionando para que la derogación de las Leyes Mordaza sea un tema clave en la campaña electoral y sean todos los grupos políticos quienes se posicionen en contra y cumplan con el compromiso de su derogación en los primeros 100 días de Gobierno. Entre otras acciones, hemos presentado una propuesta para llevar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid una Moción Municipal que exija al Gobierno la derogación inmediata de las Leyes Mordaza así como responsabilidades a los Ministros impulsores de dichas reformas. Para poder llevar esta propuesta al Pleno, se necesita el apoyo de tod@s l@s madrileñ@s para reunir mas de 53.000 firmas antes del 1 de Noviembre.

Si eres mayor de 16 años y estás empadronado en el Municipio de Madrid. Entra y apoya la propuesta.

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Actualización 31 de Marzo

Entra en vigor el 1 de Abril 2015 la Disposición Final Primera de la Ley Mordaza publicada hoy en el BOE

Régimen especial de Ceuta y Melilla. 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»

Por Carlos Escaño

Las Leyes Mordaza, ese paquete de reformas contrarias a los Derechos Humanos orientadas a la criminalización de la protesta social, al ejercicio de las libertades de manifestación y de información, también se ceba con los derechos de las personas en situación de exclusión social y con las personas migrantes.

Una de sus mayores atrocidades es la pretensión de defender la actuación policial en las fronteras, con una enmienda en la ley Mordaza para posibilitar las expulsiones de personas automáticas y sin garantías en Ceuta y Melilla. Esto lesiona flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales.

La Plataforma No Somos Delito remitió en noviembre una carta firmada por 16 organizaciones y plataformas al Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa en la que se denuncia la propuesta del Ministro de Interior Fernández Díaz de “rechazar extranjeros en la frontera” para que le recuerde a España cuáles son sus obligaciones vinculantes de conformidad con el derecho comunitario e internacional.

José Palazón, director de la ONG melillense Prodein, afirma con rotundidad que “la aprobación de la Ley Mordaza va a suponer en el ámbito de las únicas fronteras terrestres que tiene España y Europa con África la confirmación oficial y legal de su estatus de hecho como muro militar”. Según nos informa, “el proyecto comenzó en los años 90 con una secuencia de construcción de vallas cada vez más altas y más peligrosas que no ha cesado aún, con la implicación cada vez mayor del ejército colonial marroquí en el control militar de una frontera que el país magrebí no reconoce, con una legislación cada vez más dura y más arbitraria con los inmigrantes y refugiados que intentaban el acceso a nuestro territorio buscando cobijo y protección. Los métodos empleados para evitar el acceso al territorio, y en su caso, la deportación han sido progresivamente más violentos e ilegales”.

La enmienda que pretende legalizar las devoluciones en caliente “puede abrir una brecha en las garantías por las que la comunidad internacional ha luchado duramente desde la II Guerra Mundial”, según ha manifestado Nils Muiznieks, comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras la aprobación en el Senado de la reforma de Ley de Seguridad Ciudadana.

Según Palazón, la acción militar conjunta hispano marroquí ha provocado incontables muertes y centenares de heridos con una absoluta impunidad, haciendo que miles de personas, las más vulnerables: mujeres y niños, tengan que optar por un peligroso viaje en patera con consecuencias conocidas y de las cuales no pueden tampoco los gobiernos español y marroquí eludir su responsabilidad directa. Si estas situaciones se han dado hasta ahora de forma ilegal y con una absoluta impunidad, se pretende ahora dar cuerpo legal a las mismas para evitar las responsabilidades criminales que se puedan derivar de ellas.

Todo ello al tiempo que se pretende impedir la difusión e información de los actos y métodos que son habituales en frontera y que aún haciéndolos legales en nuestro territorio seguirán siendo manifiestamente ilegales en el orden jurídico internacional. Recordamos aquí que otra de las funestas sanciones que el Gobierno pretende imponer con la Ley Mordaza va dirigida a quienes difundan imágenes de una intervención policial, con multas de hasta 30.000 euros, lo que significará vía libre a una mayor impunidad policial.

Desde No Somos Delito se seguirá denunciando que no puede tolerarse que existan fronteras por encima de los derechos humanos. Porque ningún ser humano es ilegal. Porque no podemos consentir que se perpetren graves violaciones de Derechos Humanos en nombre de nuestra seguridad ciudadana. Por ello y otras muchas razones la Plataforma insta al gobierno a que retire sus Leyes Mordaza y a la dimisión del Ministro de Interior Fernández Díaz, promotor de esta enmienda que es del todo intolerable.


El 20 de diciembre miles de personas saldrán a la calle para decir bien alto y bien claro que NO vamos a aceptar la aprobación de la Ley Mordaza. Personas de todo tipo y condición, colectivos sociales, sindicales, vecinales, de defensa de derechos humanos, antirepresivos, feministas, migrantes, trabajadoras sexuales y un largo etcétera saldremos a decir que NO permitiremos tal ataque a nuestros derechos y libertades.

El pasado 3 de diciembre se aprobó en el Congreso el texto de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, con los únicos votos del Partido Popular. Partido que sigue sordo a todo lo que le llega desde la calle e incluso desde las butacas del propio Congreso. Los gritos de protesta molestan, desordenan, alteran a sus señorías, que andan demasiado ocupados con sus Gurtel, Bárcenas, Fabra y Matas como para escuchar algo de lo que pasa fuera de sus despachos y oficinas. Lo que pasa en la calle y en las casas vaciadas a la fuerza, en los hospitales sin camas o las escuelas sin calefacción. Pero parece que los gritos son ya tan fuertes que empiezan a perturbarles, así que se han decidido a imponer el silencio. Habrá mayoría silenciosa se quiera o no. Y punto.

La aprobación en el Senado se presenta como un mero trámite, a no ser que las movilizaciones ciudadanas lo impidan. De ahí la importancia de salir a la calle y presionar para impedir el mayor retroceso en los derechos civiles y políticos en años. Fue la movilización y acción de los movimientos feministas y de derechos humanos lo que paró la Ley contra el Aborto y será la movilización lo que parará a ésta.

No hay alternativa: la Ley Mordaza es la arbitrariedad, el control y la censura hecha ley. Cacheos corporales en plena calle, pudiendo implicar incluso el desnudo (artículo 20); retenciones por parte de los agentes y listas negras de infractores (art. 16); controles en las vías públicas (art. 17); constancia de la identidad de las personas que entren en un locutorio y haga uso de sus servicios (art. 25); filas cero en espectáculos públicos reservados a la “autoridad gubernativa” que podrá suspender la actividad si lo considera oportuno (art. 27), son algunas de las cuestiones que prevé la Ley, y de las que quizá se habla menos por no ser tan mediáticas.

La lista de potestades de los agentes y de las infracciones relacionadas con el derecho de reunión y manifestación y la libertad de información es larga, como se ha venido difundiendo por entidades y plataformas como No somos delito y Desobediencia 2014. Desde parar un desahucio a manifestarse por la sanidad pública en un hospital, la ocupación pacífica de una sede bancaria o una concentración no comunicada cerca del congreso o parlamentos son conductas que pretenden prohibirse y sancionarse con multas de hasta 30.000 o incluso 600.000 euros en algunos casos.

Nos amordazan

Si ya era de por sí grave el contenido de la Ley, el Gobierno pretende aprovechar ésta para modificar la actual Ley de Extranjería y permitir las “devoluciones en caliente”, es decir, la expulsión de personas migrantes en la frontera vulnerando de forma flagrante el derecho de asilo y todas las normas internacionales sobre la materia.

Pretenden amordazar nuestros anhelos de cambio y transformación mediante leyes como ésta y la reforma del código Penal. Pretenden criminalizar la disidencia mediante operaciones policiales espectaculares e imponiendo prisión preventiva, como a las siete personas privadas de libertad en el marco de la Operación Pandora. Ante este ataque tan grave a los derechos humanos y la democracia, la respuesta no puede ser otra que la movilización masiva y la desobediencia civil.

Nos vemos en la calle!

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