No a la Ley Mordaza

Por Carlos Escaño

Veo “con mucha preocupación y por muchas razones” el futuro del derecho penal con la aprobación de la reforma del código penal.  El profesor de derecho penal en la Universidad Autónoma de Barcelona y miembro de la junta del Grupo de Estudios de Política Criminal Joan Baucells Lladós, entiende que “desde un punto de vista formal, no puede aceptarse que en una materia tan importante y sensible como la penal, se apruebe un texto que no sea fruto del consenso democrático.

La mayoría del partido popular ha impuesto su criterio en un tema, el penal, que necesita de amplios consensos. No puede ser que cada ministro de justicia emprenda una reforma penal y menos imponerla al resto de la sociedad”.  Denuncia que el Gobierno burla continuamente los trámites legalmente establecidos para la tramitación de las leyes que afectan a derechos y libertades fundamentales.

El derecho a la protesta se defiende protestando

Según el profesor de derecho penal “se ha reformado el código penal sin que fuera necesario desde un punto de vista preventivo, de forma irracional y para perseguir funciones exclusivamente propagandísticas. Un ejemplo paradigmático de todo ello es la reforma en materia de lucha anityihadista.

En un manifiesto Catedráticos penalistas de 35 Universidades Públicas españolas critican el carácter reaccionario y autoritario de la reforma penal. El Grupo de Estudios de Política Criminal manifiesta su preocupación por la reforma penal porque se trata de la más reaccionaria de todo el período democrático. “Y no sólo por la introducción de la cadena perpetua, sino también por la eliminación de las faltas y la conversión de la mayoría de estas infracciones en delitos y por la criminalización que hace del legítimo derecho a la manifestación.”

En esta misma línea Amnistía Internacional muestra su alta preocupación por el nuevo Código Penal, el cual “crea nuevos delitos y aumenta las penas contra las personas que se manifiestan. Por ejemplo, introduce penas más graves para los desórdenes públicos si se producen durante las manifestaciones. Además, puede castigar la resistencia pacífica a la autoridad, como puede ser una sentada, hasta con penas de cárcel, y la ocupación de despachos, oficinas, establecimientos o locales”. Con respecto al Pacto Antiterrorista realizado entre el PP y el PSOE asevera que “sigue sin definir claramente los delitos de terrorismo, por lo que conductas que no tienen naturaleza terrorista pueden ser sancionadas sin cumplir las normas del derecho internacional”.

¿Cómo afecta a los movimientos sociales la nueva definición de delitos de terrorismo? Joan Baucells Lladós señala que “con esta amplitud podría llegar a considerarse terrorista al sujeto que, hasta actuando de forma individual, cometa alguna amenaza, alguna vejación o algún desorden público siempre que actuara con la finalidad de desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas o alterar gravemente la paz pública. Sin duda, alguno de los episodios de las nuevas formas de protesta, como el cerco al congreso podrían acabar etiquetándose como actos de terrorismo.”

La Directora Adjunta de Rights International Spain Patricia Goicoechea destacó en el programa de Coordenadas  sobre la reforma del código penal y la introducción de la prisión permanente, un endurecimiento que está siendo muy cuestionado desde todos los ámbitos. Incluso varios Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unida se han dirigido al Estado español para mostrar su rechazo a la reforma del código penal en lo relativo a las libertades de reunión pacífica y de expresión, así como en materia de los delitos antiterroristas. Y resalta que “los derechos a manifestar pacíficamente y expresar colectivamente una  opinión son  fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática”

Desde la Plataforma No Somos Delito se entiende que lo que está en juego es la propia esencia de la convivencia en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, o dicho de otro modo, que la aprobación el 26 de marzo de las reformas de Ley de Seguridad Ciudadana y del Código Penal, las conocidas Leyes Mordaza, podremos considerarlo como el funeral de la Democracia en este país.

No todo está perdido. Si hacemos nuestra aquella frase que dice “la soberanía nacional reside en el pueblo” del artículo primero de la Constitución Española, si asumimos que la defensa de “la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” como un deber de cada uno/a de nosotros/as, tendremos la oportunidad de acabar con estas reformas reaccionarias. Y de paso, también debería ser el final de la carrera política de los ministros de interior y justicia que las promueven. Y es que parece que esos políticos no son conscientes, o les da igual, que la ciudadanía de este país no quiere su política de represión y miedo, y sí quiere más y mejor democracia. Hay que defender los derechos y libertades que están amenazados ejerciéndolos. Aún está en nuestras manos.